En varios países comienza a generarse legislación para evitar el desperdicio de alimentos. ¿Cómo funciona y cuáles son los riesgos de este tipo de leyes?

En Estados Unidos se desperdician 150,000 toneladas de alimentos diario, según los datos publicados por la revista científica PLOS ONE. Algo no tan distinto sucede —aunque, advierto, conviene tomar las mediciones con reserva— en México, donde según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se producen diariamente 145,479 toneladas de basura (13,000 de éstas son imputables, directamente, a los habitantes de la Ciudad de México), de entre las cuales sólo cabe imaginarse el porcentaje que corresponde a alimentos.

La problemática no puede menos que condenarse como inhumana: según datos suministrados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (la FAO, por sus siglas en inglés), el desperdicio anual mundial alimentario asciende a la friolera de 1,300 toneladas, suficiente, por cierto, para erradicar la hambruna en el mundo.

En efecto, en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 dice que en el 2016 se registraron 53.4 millones de habitantes en México en situación de pobreza; más de 9 millones en condiciones de pobreza extrema, ¡un eufemismo condescendiente con la indiferencia frente a quienes, de ordinario, no tienen qué comer! Hay una responsabilidad política y, ciertamente otra moral, que exigen el respaldo de la responsabilidad legal; dicho de otro modo, deben explorarse alternativas normativas para remediar el asunto.

¿Qué posibilidades existen?

En agosto de 2015, el Parlamento de la República Francesa aprobó el artículo 103 de la ley n° 2015-992, que establecía, básicamente, la obligación a cargo de los operadores de empresas alimentarias (food business operators) de no desechar alimentos que no hayan sido vendidos y por otra parte, donar los alimentos aptos para consumo a organizaciones no gubernamentales y caritativas, o en caso de que no fueren comestibles, a las granjas para su empleo con fines de agricultura. Infortunadamente, el Consejo Constitucional de la República Francesa declaró la inconstitucionalidad de la norma, aunque por cuestiones relativas al procedimiento de su creación, no por un tema de fondo.

Sin embargo, muchos de los actores implicados adoptaron voluntariamente, poco después de la declaración de inconstitucionalidad, la Convention d’engagement volontaire en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire par les distributeurs du secteur alimentaire (Convención relativa al compromiso voluntario contra el desperdicio de alimentos por parte de los detallistas del sector alimentario).

Otra vía: en el Reino Unido se adoptó un enfoque voluntario para resolver la cuestión, es decir, no se impuso una obligación a los proveedores o minoristas de alimentos, sino que se aprobaron algunos estímulos fiscales y subsidios para transformar los desechos de comida en energía o en fertilizantes; pero, con esta medida se ha desviado la atención merecida a los grupos de marginados y desposeídos, pues al hacer más barato el proceso de transformación de alimentos, no existen incentivos para donar generosamente (law of unintended consequence). Otros estados han seguido uno y/u otro camino: Italia, por ejemplo, con adecuaciones valiosas a la vez que convenientes.

México no puede quedarse de brazos cruzados. Nuestros legisladores —ahora mismo cegados por sus ambiciones electorales— deben formular una ley o norma que se decante por una u otra alternativa, que sea deseable en el contexto del país. De verdad esperamos que esto ocurra.

¿Riesgos?

Sí, ciertamente existen algunos importantes. En términos generales, con independencia de la solución jurídica que se proponga, deben adoptarse, además, medidas pertinentes para proteger la integridad de los donatarios últimos. No es válido justificarse bajo la premisa de que por realizar una acción buena, si se produce un daño involuntario al socorrido, no existe responsabilidad. Este tema, naturalmente, es uno más propiamente sanitario que uno ambiental y deberá ser atendido, en su caso, por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. No olvidemos que la propia Ley General de Salud prevé un delito para quien autorice u ordene la “distribución de alimentos en descomposición o mal estado que ponga en peligro la salud de otro”.

Riesgos legales

No faltará el “ocurrente” que ponga en duda la constitucionalidad de las nuevas disposiciones que, en su caso, se sugieran y sancionen. Los legisladores deberán cuidar que en el evento de una ponderación de derechos humanos opuestos —propiedad vs. el derecho a una vida digna; los derechos a la libertad de industria y comercio vis-à-vis, los derechos a la salud, a tener acceso a alimentos nutritivos y, en última instancia, una alimentación— no prevalezcan los intereses comerciales sobre los derechos de la población marginada o de la población rural.

Martín Cortina es licenciado en derecho por la Universidad Panamericana y trabaja en Garrigues, firma internacional de reconocido prestigio.

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