Por la sobreexplotación del acuífero, 70% de las lagunas de Cuatro Ciénegas (Coahuila) ha desaparecido.

Hace 40 años se realizó en Cocoyoc, Morelos, un importante encuentro donde el naciente Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) precisaron los factores económicos y sociales que conducen al deterioro ambiental; hicieron hincapié en la pobreza, la desigualdad y el mal uso de los recursos. La declaración final de la reunión influyó en la forma en que los gobiernos y planificadores de la economía global veían el progreso. Quedó claro que el problema no era la escasez de recursos, sino su mala distribución y utilización.

El evento contó con el respaldo del entonces presidente Luis Echeverría, y marcó el inicio de las políticas que pretendían un sistema económico y social capaz de satisfacer las necesidades básicas de la población, hacer uso racional de los recursos y contaminar poco.

Los siete sexenios posteriores abundan en declaraciones en pro de concretar estos principios. Para ello, se crearon dependencias a fin de proteger y acrecentar el patrimonio natural, disminuir la contaminación, la deforestación y lograr un buen consumo de agua. El andamiaje legal sobre el tema se multiplicó, incluyendo instancias para sancionar a los infractores. Cada nueva administración se declaró parteaguas en la materia y soslayó los programas de las anteriores. Sin embargo, la realidad muestra que —desde entonces— existen severos conflictos derivados de la pobreza en que vive la mitad de la población, mientras cada vez es mayor la concentración del ingreso y la riqueza en pocas manos.

En dicho contexto, falta mucho para que las accciones de conservación sean exitosas, pese a que suman casi 200 las áreas protegidas nacionales (aunque sin estrategias de manejo). A la par, no se revierte el deterioro de las cuencas hidrográficas, cuya mayoría está contaminada. En tanto, el agua se usa irracionalmente, aumenta su escasez y crece la demanda. La reforestación de cada sexenio se distingue más por los fracasos, mientras las invasiones y los intereses político-empresariales destruyen las imponentes selvas de Chimalapas, Los Tuxtlas y la Lacandona. El país tiene menos extensiones de manglares, a pesar de estar protegidos, generar riqueza y ser barrera contra huracanes.

La mayor parte de la basura peligrosa de la industria no tiene un destino seguro, mientras la minería y las actividades petroleras y petroquímicas contaminan y perjudican. Ninguna ciudad goza de aire puro. Gran porcentaje de los municipios no dispone del andamiaje administrativo para enfrentar el desafío de alcanzar el desarrollo sostenible; tampoco a nivel estatal y federal, donde brilla la descoordinación entre instancias oficiales.

En cuanto a las políticas para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático (ya evidentes en el país), el gobierno suele presumir sus programas, pero falta dinero y mecanismos para hacerlos realidad. Se ha relegado la participación de la sociedad cuando es indispensable para tener éxito en dicha tarea.

No debe extrañar entonces que los logros sean escasos, mientras el consumo irracional de hidrocarburos crece sin cesar, contribuyendo con una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Ni siquiera existe una política para el crecimiento ordenado de los centros urbanos, menos para proteger la franja litoral, ocupada por el turismo, las actividades agropecuarias, las obras públicas, la industria y los asentamientos humanos.

 

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