La Suprema Corte de Justicia de Colombia otorgó a su región amazónica los mismos derechos de un sujeto, gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes.

La Suprema Corte de Justicia de Colombia otorgó a su región amazónica los mismos derechos de un sujeto, un gran paso para la legislación ambiental de América Latina.

Una nueva ley de respeto ambiental fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el pasado 5 de abril, gracias a la petición de activistas, quienes exigieron a las autoridades el respeto y cuidado de la Amazonía colombiana.

El grupo de activistas, integrado por 25 personas, jóvenes y niños de entre los 7 y 26 años de edad, fueron asesorados durante varios meses por DeJusticia, un centro de estudios políticos y jurídicos colombiano en defensa de los derechos humanos, para presentar ante las autoridades un documento con la solicitud de reconocer la Amazonía como un sujeto con derechos. Esta ley es inédita en el resto de Latinoamérica, pero tiene un precedente en Colombia —en abril del 2017 se le dió el mismo derecho al Río Altrato— y en otras partes del mundo (como en países Europeos).

Este logro civil obliga a los funcionarios de secretarías y a alcaldes de municipios nacionales y regionales a proteger la Amazonía de toda amenaza ambiental, como si se tratase de un individuo. Y también le permite a cualquier individuo hacer demandas directas en cuidado de la región.

El argumento de la petición es que el gobierno colombiano se comprometió en tratados internacionales, a reducir la deforestación de la Amazonía a tasa cero para el año 2020; sin embargo, se comprobó que del 2015 al 2016 el incremento de deforestación fue aproximadamente de 44 por ciento. Esta situación empeora el cambio climático, provocando el incremento de la temperatura (1.6 grados en el caso de Colombia), esto aumenta las sequías y las precipitaciones, y tiene consecuencias negativas en el bienestar futuro de las personas.

De acuerdo con el fallo de la Suprema Corte, las principales causas de deforestación han sido, por mencionar algunas, el acaparamiento ilegal de terrenos, los cultivos ilícitos o la extracción ilegal de minerales, por lo cual se estará vigilando que las autoridades locales castiguen a los responsables de estos actos. También ordena que todos “los ciudadanos deben ser más conscientes de sus hábitos de consumo, y entender que nuestras acciones diarias inciden tanto en la naturaleza como en la sociedad”.

Así mismo, la Corte ordenó una serie de medidas específicas:

  1. Estableció un plazo de cuatro meses para que los demandantes, en conjunto con la presidencia y los ministerios de ambiente y agricultura, generen un plan de acción para contrarrestar la deforestación.
  2. En cinco meses se tiene que crear el Pacto Intergeneracional por la vida del Amazonas Colombiano (PIVAC), con el objetivo de reducir la deforestación a cero y las emisiones de gases invernadero. En este plan deben de participar jóvenes, universidades, ONGs, grupos de investigación ambiental y el gobierno.
  3. También, en 5 meses, los municipios de la Amazonía deberán cambiar y actualizar el reordenamiento territorial, para organizar el crecimiento rural y urbano.
  4. Y finalmente, las autoridades deben presentar un plan de acción para el cuidado de la región.
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