Quienes disfrutan de informarse, probablemente ya están familiarizados con el reporte de los institutos de Geofísica y de Ingeniería de la UNAMsobre los detalles del temblor del pasado 19 de septiembre de 2017 (dada la coincidencia, tenemos que especificar el año). El reporte está no sólo bien redactado y es accesible para cualquier lector; además es muy cabal al presentar los factores geofísicos y mecánicos que pusieron en jaque al valle de México a las 13:14 horas del que ya era un fatídico día. Sin embargo, la característica más importante es que nos da una advertencia sobre el futuro cercano de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En resumen, el documento preparado por el Dr. Víctor Manuel Cruz Atienza y el Dr. Shri Krishna Singh del Instituto de Geofísica, y el Dr. Mario Ordaz Schroeder del Instituto de Ingeniería, nos anticipa que un movimiento de magnitud similar a la de los temblores de 1985 y de 2017 tiene altas probabilidades de ocurrir en un futuro no muy lejano2, en la región conocida como “la brecha de Guerrero”, y que, de ocurrir, tendría consecuencias mucho más severas que las de ambos terremotos anteriores. Sin ser extensivo en el tema, el reporte sí concluye de manera específica que, de ocurrir, las aceleraciones de los suelos blandos o lacustres del valle de México podrían ser mayores a las de 2017 y de dos a tres veces mayores que las de 1985, con una duración mayor también a la 2017, con lo que edificios de 10 y más pisos serían los más vulnerables esta vez.3

Como ciencia al servicio de la humanidad, la sismología carga con el estigma de no poder predecir el momento en que un sismo puede ocurrir, y, desafortunadamente, tanto ciudadanos como gobierno solemos usar ese argumento para excusarnos por la falta de planeación y preparación frente a estos fenómenos. Pero información como el reporte de la UNAM no nos deja espacio para las excusas, especialmente a nuestros gobiernos y políticos. En realidad, la capacidad de anticipar la zona y la magnitud de un sismo, y las características del comportamiento del medio físico a través del cual se propagan las ondas de éste, es suficiente información para tener una agenda de gobierno competente y eficaz en materia de reducción de desastres por eventos sísmicos, aun cuando no se pueda ubicar la temporalidad exacta de estos eventos. Incluso, desde un punto de vista de política pública seria, conocer la temporalidad de los temblores es irrelevante. La respuesta a cuándo ocurrirá el próximo gran sismo es no importa, va a ocurrir.

La respuesta a cuándo ocurrirá el próximo gran sismo es no importa, va a ocurrir.

En el mundo académico y profesional de la reducción de desastres existe un dogma central que vale la pena invocar aquí: los llamados desastres naturales, no son naturales. Para que un desastre ocurra, se deben combinar dos factores: un fenómeno natural (un huracán, un sismo o una erupción volcánica) y una población humana. La probabilidad de que ocurra un fenómeno natural se puede interpretar como una amenaza, mientras que la presencia o exposición de una población humana se puede entender como un grado de vulnerabilidad. Difícilmente podemos decir que la gran tormenta roja en Júpiter o que un sismo de 7.8 grados en la Antártida son un desastre natural porque no hay nadie (ni nada) que resienta o perciba los efectos de dicho fenómeno como algo negativo.

Colapso e incendio del Hotel Regis derivado del terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Por tanto, prepararse y mitigar los daños ocasionados en el siguiente sismo está completamente dentro de nuestro alcance; es más, lo que sea que ocurra será, en gran medida, responsabilidad de todos, y en particular de las autoridades competentes en estos momentos y en los siguientes años. Entonces, sin excusas ni pretextos, se pueden evitar tragedias de proporciones mayores frente a eventos sísmicos. Y, así como la memoria mítica de la respuesta poderosa y entrañable de toda una generación en 1985 se impregnó en toda otra nueva generación durante 32 años, nuestra generación debe asegurarse de continuar construyendo un legado cultural e institucional capaz de reducir la vulnerabilidad de la ZMVM ante los temblores inminentes en el plazo más corto posible. ¿Cómo? Usando el mismo compromiso y determinación con la que salimos a las calles a responder el día 19 de septiembre de 2017 y los días subsecuentes para exigir y participar en transformaciones sustanciales en los reglamentos y permisos de construcción, en la procuración de leyes y de transparencia en construcción e infraestructura, y en las políticas de planeación y desarrollo urbano y territorial. Vayamos por pasos…

En 1985 se sabía mucho menos de lo que se sabe hoy sobre sismología y mecánica de suelos en el valle de México. Los códigos de construcción vigentes en ese entonces (creados en 1976) subestimaban, no por negligencia sino por ignorancia tal cual, lo que se conoce como carga sísmica o la capacidad de una estructura de resistir magnitudes y tipos de fuerzas específicas. En 1986, la lección aprendida y la ciencia generada a partir de las observaciones del año anterior dieron pauta para modificar los códigos de construcción, y es muy posible que esto haya sido un factor determinante en la diferencia de edificios colapsados entre ambos 19 de septiembre (412 edificios en 1985 y menos de 50 en 2017). No obstante, los nuevos códigos están lejos de ser ideales y, por supuesto, tenerlos por escrito no es suficiente si no se observa su cumplimiento con eficacia y transparencia. Entonces, para empezar, habrá que exigir y monitorear una actualización a los códigos de construcción fundamentada en el avance científico, tecnológico e ingenieril.

Hoy sabemos que el valle de México no sólo es suelo lacustre y suelo rocoso volcánico. El sismo del 19 de septiembre de 2017 nos dejó ver la importancia de entender los suelos del valle como una serie de gradientes o mosaicos que se comportan de manera muy distinta según su estructura, posición con respecto al origen de las ondas sísmicas, saturación hídrica e incluso el peso de las construcciones sobre éste.

La llamada zona de transición, por ejemplo, donde ocurrieron la mayoría de los derrumbes esta vez, es una franja que corre de norte a sur delimitando la frontera entre los sedimentos o arcillas blandas de la zona lacustre principal y las faldas volcánicas de las sierras del poniente del valle. Esta zona, que posiblemente está caracterizada por suelos conformados por una mezcla de sedimentos lacustres y depósitos aluviales, experimentó las aceleraciones más altas, y si comparamos los puntos de derrumbes de 1985 con los de 2017, podemos apreciar cómo las zonas más lacustres (al oriente de la ciudad) no fueron tan afectadas esta vez (ver mapa).

Por tanto, podríamos pensar que ciertas zonas del valle de México requerirán especificaciones más estrictas en materia de construcción. O, al menos, sería sensato considerar que los reglamentos exijan que las construcciones anteriores a los nuevos códigos deban ser reforzadas según la zona en donde se encuentran. Esto no es el caso actualmente, y podría ser financiado por un programa especial de reforzamiento de vivienda entre gobiernos locales y gobierno federal.

Así como la actualización de códigos de construcción es esencial como estrategia de prevención de desastres sísmicos, una reforma de fondo a las políticas de planeación y desarrollo urbano y territorial es absolutamente prioritaria no sólo ante amenazas sísmicas, sino también como prevención de otro tipo de desastres como inundaciones, deslaves, hundimientos, erupciones volcánicas, etcétera. Ya hemos comentado aquí las frustrantes deficiencias que hay en México en esta materia, en gran medida explicadas por el modelo histórico de propiedad de la tierra de todo el país, en donde sólo 2% del territorio es público.

La extensa privatización posrevolucionaria del territorio nacional ha tenido, entre otras graves consecuencias, la de limitar o impedir la capacidad del Estado de planear y regular el crecimiento urbano de manera ordenada y óptima en función de criterios ambientales, sociales y económicos. En cambio, nuestras ciudades se desparraman y ramifican sin ton ni son a través de llanos lacustres, barrancas, laderas, fallas sísmicas, suelos inestables y cualquier zona en donde a alguien se le ocurra vender o rentar terrenos para construir proyectos de vivienda sin sentido que condenan a la ciudad a la ineficiencia y al caos.

Sismos como los del 19 de septiembre de 2017 dejan un trauma tan grande en la psique y el imaginario de quienes lo sufren, que solemos asociar la catástrofe con la densidad urbana y con los edificios de gran tamaño. Sin embargo, ésta es una percepción desviada. Las ciudades japonesas como Kioto, Yokohama, o Tokio, por ejemplo, son algunas de las más densamente pobladas y construidas del mundo, y la densidad de edificaciones o la altura de los edificios no se correlaciona con la magnitud de los daños. Incluso, si revisamos el listado de edificios dañados en el caso de la Ciudad de México, encontramos que los edificios más altos y construidos recientemente no fueron presa del temblor. Esto es importante porque no debemos permitir que el miedo colectivo a los terremotos nos lleve a rechazar visiones urbanas más verticales y densas, ya que es de esta forma como se logra reducir la expansión urbana y con ello muchos de los problemas de movilidad, sustentabilidad, e incluso problemas de falta de opciones de vivienda.

Edificio ubicado en la calle de Coquimbo 209,
en la colonia Lindavista, colapsado a causa del
temblor del 19 de septiembre de 2017.

Aunque evidentemente cada zona del valle de México permite diferentes alturas y pesos de edificaciones, es urgente que transitemos a esquemas de crecimiento urbano mucho más verticales, y que se desarrollen mecanismos de adquisición y regulación de terrenos en las periferias de las ciudades para contener la expansión urbana, informal y formal, y destinarlos como zonas de conservación, recarga de mantos acuíferos, regulación de erosión del suelo y del clima local de las ciudades, y como recreación y esparcimiento en áreas naturales que tanta falta hacen cerca de nuestras ciudades. Hay que apuntar aquí que los fideicomisos de reconstrucción que han creado tanto los organismos públicos como la iniciativa privada deberían concebirse desde ahora con la capacidad de transformarse en fideicomisos para la prevención de desastres a través de la planeación urbana, y que no desaparezcan de tajo una vez que se haya gastado el dinero para la reconstrucción.

Estos fideicomisos podrían generar recursos para emprender proyectos de restauración ambiental en partes clave del valle de México. Zonas como Tláhuac y Xochimilco, que fueron poco mediáticas, pero fuertemente afectadas, sufrieron tantos daños debido a la falta de regulación de uso del suelo y de contención de la expansión urbana, pero también porque el deterioro ambiental de esos territorios ha sido dramático. Para estas zonas es el momento de congregar a los mejores ingenieros ambientales, civiles, a ecólogos, geólogos y urbanistas para emprender proyectos de rescate hidrológico y ecológico de gran escala. De lo contrario, los suelos de estas cuencas continuarán siendo parte central del problema de vulnerabilidad a los fenómenos naturales.

Por último, hay que volver a pensar en la respuesta al desastre como estrategia de prevención. Casi sin importar que medidas de planeación y de construcción se tomen, los temblores de grandes magnitudes continuarán poniendo en jaque al valle de México y a sus ciudades. Pero incluso cuando todas las líneas de defensa y prevención sean vulneradas, siempre habrá que estar preparados para responder, no como lo hicimos el pasado 19 de septiembre: mejor. Durante las horas y días póstumos a la tragedia, millones de ciudadanos, junto con autoridades locales y federales, trabajamos casi sin descanso para colaborar como fuera posible, sumándonos a redes y tareas de reacción que se organizaron de manera espontánea y que parecían tener vida propia. De manera importante, ya sea a través de donativos pequeños o de los propios bolsillos, muchos compramos herramientas, medicamentos, materiales, combustible, víveres, entre muchas otras cosas, para poder ayudar a las tareas de rescate.

Labores de rescate en un edificio colapsado
en la calle Torreón esquina Viaducto, en la
colonia Piedad Narvarte.

Durante algunos momentos hubo episodios de fricción con algunas autoridades sobre el resguardo y destino de estos recursos. Este tipo de conflictos y confusiones son inadmisibles en estas circunstancias, y debemos, como sociedad civil, pujar por un modelo de reacción con mucha mayor coordinación entre las entidades de gobierno y las organizaciones ciudadanas (formales o espontáneas).

Debemos, como sociedad civil, pujar por un modelo de reacción con mucha mayor coordinación entre las entidades de gobierno y las organizaciones ciudadanas (formales o espontáneas).

Aquí hay que regresar al tema de los fideicomisos de reconstrucción, ya que éstos han sido creados con dinero de millones de donantes mexicanos y extranjeros, y es nuestra responsabilidad hacerlos trabajar de la mejor manera posible. Los fideicomisos podrían apoyar también la creación de una red ciudadana de respuesta a desastres que cuente con instalaciones o sitios de resguardo para todos los recursos materiales que se generaron, y que estén distribuidas en sitios estratégicos de la ZMVM para que, en caso de emergencia, los ciudadanos puedan participar de manera más organizada en coordinación con las autoridades responsables. Estas instalaciones podrían ser manejadas por organizaciones de la sociedad civil y fungir como puntos de reunión, centros de acopio, albergues en caso de emergencia, y como centros culturales, recreativos y de formación de capital social.

 

[1] http://ciencia.unam.mx/leer/652/-que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-2017-en-mexico-
[2] Hay que recordar que la predicción de temblores en el tiempo es actualmente imposible de llevarse a cabo, sin embargo, se puede predecir con cierta precisión en qué regiones existen mayores probabilidades de que ocurra.
[3] En el temblor de septiembre de 2017, fueron los edificios de entre cuatro y siete pisos los más vulnerables debido a las características del evento sísmico.

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