Las autoridades del país han violado los derechos a la salud y al ambiente sano de la población del país.

De acuerdo con el informe realizado el pasado 8 de enero de 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México (CNDH), las autoridades del país han violado los derechos a la salud y al ambiente sano de la población del país, al no regular el uso de plaguicidas altamente peligrosos.

El informe consta de 165 páginas, en las que se exhorta a las autoridades públicas responsables, a las distintas universidades y a la sociedad civil, a dar un vuelco en el manejo de sustancias peligrosas que se utilizan para la producción agrícola del país.

Durante más de un año, la CNDH examinó las evidencias aportadas por 43 quejosos, entre ellos la organización ambientalista Greenpeace México, la cual denuncio diversas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales, así como perjuicio hacia la población mexicana afectada por el uso y manejo de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP).

La CNDH expresó que “El marco legal y reglamentario en materia de plaguicidas vigente en México permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad, que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar de forma relevante a la biodiversidad y perjudicar el medio ambiente”.

En los estudios realizados, se encontraron evidencias que muestran que diferentes organismos como la SEMARNAT, la SADER, la COFEPRIS y el SENASICA han sido omisos en proteger y garantizar los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, al medio ambiente sano y a la salud de la población. Se han cometido violaciones a los artículos 1º párrafo tercero, 4º, párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución federal; 6º, 7º fracciones I, III, IV, V, VII y VIII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras, indicó la CNDH.

Bajo este contexto, se ha emitido recomendaciones dirigidas a estas dependencias, destacando las siguientes:

  • Coordinación entre las autoridades para la creación de un Comité Especializado en la Identificación e Investigación sobre los Efectos Adversos de los PAP.
  • Se elabore un diagnóstico del estado actual de la contaminación de suelos y agua superficial y subterránea por plaguicidas (SEMARNAT).
  • Revisión y actualización de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) existentes en materia de plaguicidas acordes a estándares internacionales, con la participación de expertos y otros grupos de interés en la toma de decisiones.
  • Capacitación a funcionarios públicos sobre derechos humanos y sobre gestión de plaguicidas, así como la debida observancia en la legislación y normatividad ambiental y sanitaria en la materia.
  • Campañas de educación, orientación y concientización sobre el uso responsable y seguro de plaguicidas dirigido al sector agrícola (SADER Y COFEPRIS).
  • Designar a los funcionarios públicos de alto nivel que fungirán como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.

La CNDH informó que la SADER deberá, en coordinación con SENASICA, la SEMARNAT y COFEPRIS realizar estas gestiones necesarias, a efecto de que, en un plazo de tres meses contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se conforme un comité especializado en la Identificación e Investigación sobre los Efectos Adversos de Plaguicidas Altamente Peligrosos.

Por otro lado, Sputnik María Colin, abogada y vocera de Greenpeace México, explicó que desde fines de 2016 se han realizado muestras de agua de océanos, ríos y algunas lagunas en la costa del Pacífico y el Caribe mexicano donde se genera una alta producción agroindustrial; hablamos de los estados de Sinaloa y Sonora, así como en Yucatán y Campeche.

Un resultado interesante del monitoreo en Campeche nos muestra que los resultados arrojaron la presencia de distintos agrotóxicos, incluso organofosforados que han sido prohibidos en otros países y en convenios internacionales. Además de una extendida contaminación de los mantos acuíferos, la Universidad Autónoma de Campeche encontró químicos en el agua embotellada.

En cuanto a Yucatán, los reportes generados por parte de agricultores y apicultores de la península corroboran la presencia de un coctel de agrotóxicos ligados a la soya transgénica y el glifosato.

Actualmente existe una norma que limita los residuos máximos en pesticidas que pueden hallarse en alimentos, la cual sólo es aplicada a productos dirigidos a la exportación.

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