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Nacional
Render del proyecto Dragon Mart Cancún. Foto dragonmartcancun.mx
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Dragon Mart: una batalla inconclusa – 2

Por Leonardo Tarifeño @leotarif enviado especial

Sin la correspondiente autorización federal, Dragon Mart corría el riesgo de violar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las disposiciones oficiales NOM-059 y NOM-022 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Programa de Manejo del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Benito Juárez, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Cancún-Tulum y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tal como apuntaron, en distintas declaraciones, el movimiento Voces Unidas por Puerto Morelos, la ONG Ombligo Verde y la web Observatorio de Turismo Irresponsable. En esa línea, el 19 de diciembre —también de 2012—, apenas tres meses después de la MIA del Inira, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, Rafael Pacchiano, advirtió en un oficio dirigido a la diputada federal Graciela Saldaña (PRD) que en la entidad “no se tiene proyecto alguno” bajo el nombre Dragon Mart Cancún. Por lo tanto, ¿resultaba lícita la construcción de un complejo de las dimensiones mencionadas sin que ni siquiera la Semarnat estuviera al tanto de las obras?

El 3 de enero de 2013, la Comisión Permanente del Congreso nacional se sumó a la controversia y le pidió al gobierno estatal, a la Semarnat y a la Secretaría de Gobernación toda la información disponible sobre el proyecto. Del debate posterior surgió que el emprendimiento se había presentado ante las autoridades como un “desarrollo turístico” que, por lo tanto, carecía de licencias de construcción y de permisos para el cambio de uso de suelo forestal. Sin embargo, para ese momento, la obra ya llevaba removidas más de 87 hectáreas de selva media de Puerto Morelos, un terreno de manglar que los especialistas consideran parte de los arrecifes supuestamente protegidos por las leyes nacionales y hasta por la Declaración de Tulum. Ante esa contradicción, el escándalo incipiente cobró forma cuando, a finales de abril de ese año, el ayuntamiento de Benito Juárez le negó la licencia de construcción al proyecto. Como respuesta a la medida, los inversores lograron un amparo judicial, que no pudo evitar la multa de dos millones de pesos impuesta por la deforestación indebida en la zona.

El siguiente capítulo de la batalla judicial fue tan inesperado como concluyente: a principios de septiembre, el juez José Manuel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, le exigió al gobierno de Benito Juárez que le otorgara la licencia de construcción a Dragon Mart Cancún ya que, en su interpretación, “se excedió el tiempo legal para definir si procedía o no dicha licencia”. De todas maneras, a pesar de la disputa en los tribunales, la cuestión de fondo permanecía intacta. ¿Por qué la Profepa, que había inspeccionado el predio en dos ocasiones, no se pronunciaba en un asunto donde la legislación indicaba que las autoridades nacionales, sobre todo a causa de la instalación de la planta desalinizadora y de una infraestructura comercial y de vivienda en un ecosistema costero a menos de 3.5 kilómetros de un área natural protegida, no debían mantenerse al margen?

A finales de 2013, el senador Daniel Ávila Ruiz (PAN) presentó una denuncia popular ante la Profepa para reclamar por “la autorización en materia de impacto ambiental federal […] porque el proyecto afecta el área natural protegida del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos” y, al mismo tiempo, promovió (junto con el Cemda) un amparo ante la justicia de Quintana Roo en el que denunciaba la “omisión” de la Profepa en el caso. Así, tras la doble presión ejercida por los legisladores y las ONG ambientalistas (Ombligo Verde y Voces Unidas de Puerto Morelos), en mayo de 2014  la procuraduría inspeccionó nuevamente el lugar y concluyó que el megaproyecto necesita los permisos federales que nunca pidió. “La conformación vegetal de la zona es considerada como terreno forestal de jurisdicción federal”, dice el comunicado de prensa de la Profepa que explica las razones por las que, de acuerdo con esta institución, Real Estate Dragon Mart Cancún S.A. de C.V., debe presentar la MIA autorizada por la Semarnat. Hasta entonces, el delegado de la secretaría en Quintana Roo, Raúl Omar González Castillo, había negado la competencia de la dependencia en la evaluación ambiental del proyecto. Poco más de un mes después del pedido de la procuraduría, Dragon Mart comunicó a los sindicatos encargados de la construcción del complejo que la obra se suspendía por “cuestiones técnicas” durante un plazo “indefinido”.

“El de Puerto Morelos es un Parque Nacional mal hecho, porque la población no es consciente de lo que tiene”, le dijo Griselda Mora Rogel, vecina de Puerto Morelos, a esta revista; “el desconocimiento y la falta de protección es tal, que en el pueblo ni siquiera se sabe que las aletas del snorkel dañan el coral de los arrecifes”. Para ella, así como para los ambientalistas de Puerto Morelos y de Cancún, la suspensión de la construcción de Dragon Mart es una noticia que exige seguir alertas. “Los promotores de Dragon Mart Cancún pretenden evitar el trámite de la MIA ante la Profepa con el argumento de que el predio ya fue inspeccionado en dos ocasiones sin que se hubiera encontrado ninguna irregularidad”, señaló González Castillo al periódico local Palco Quintanarroense. Para Griselda, la construcción de dos nuevas gasolineras a la entrada de Puerto Morelos indica que la localidad se prepara para un tráfico vehicular desconocido hasta el momento. Cada vez que pasa junto a ellas, no puede evitar pensar que la batalla por la defensa ambiental de la zona no está definitivamente ganada.

¿Por qué la suspensión?

La noticia fue inesperada y tomó por sorpresa a los ambientalistas de la zona. A fines de junio, la empresa Real Estate Dragon Mart S.A. de C.V., detenía las obras de construcción del desarrollo que, de acuerdo con su web (dragonmartcancun.mx), promete desarrollar “una nueva Ruta de la Seda en América Latina”. ¿Podía ser que el motivo de la suspensión fuera el reciente informe en contra por parte de la Profepa? Los abogados involucrados sostienen que no, ya que el amparo que respalda a la compañía, obtenido en abril de 2013, les permitiría continuar con la edificación. De acuerdo con José Juan Chilón Colorado, líder del Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de la Construcción (SITEC), la verdadera razón de la medida fue un problema en el avance de los trabajos de aplanamiento del predio, lo que motivaría unos cambios que, en caso de provocar impacto forestal, deberían informarse a la Semarnat, para solicitar el correspondiente permiso.

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