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Foto Flickr/Anthony DeLorenzo.
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Indígenas se amparan contra proyectos mineros

La riqueza minera de México y las facilidades que otorgan las autoridades nacionales para los interesados en explotarlas, colocan a nuestro país como el primer destino de la inversión en exploración minera en América Latina, y el cuarto en el mundo, de acuerdo con el informe de 2013 del Metals Economics Group, uno de los más confiables de la industria.

Los proyectos mineros en México se distribuyen en los estados de Sonora (163), Durango y Sinaloa (cada uno con 73), Zacatecas (50), Jalisco (41), Oaxaca (32), Baja California, Nayarit y Guerrero (15 en cada uno), Michoacán y San Luis Potosí (con 12 en cada estado), Guanajuato (11), Chihuahua (10), Chiapas (nueve), Coahuila (ocho), el Estado de México, Baja California Sur y Colima (siete), Puebla (seis), Nuevo León y Querétaro (cinco en cada entidad), Hidalgo (tres), y finalmente, Morelos, Tamaulipas y Veracruz (dos por cada estado). Sin embargo, para la actividad minera no ha sido fácil florecer aquí.

Los nuevos yacimientos minerales se encuentran en áreas naturales protegidas, cerca de manantiales o en territorios considerados sagrados por comunidades indígenas, circunstancias que han provocado litigios entre las empresas mineras y los pueblos que llevan generaciones habitando esas zonas. La razón: a pesar de los avances tecnológicos, la minería no puede considerarse una actividad económica inocua para el medio ambiente.

Este año, las comunidades indígenas de Zacualpan, en el municipio de Comala, en Colima; de Tecoltémic, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y del pueblo macehual altepetapianij de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac, también en Puebla, han dado un serio revés a las empresas mineras: interpusieron demandas de amparo contra las concesiones entregadas por el gobierno federal que afectan sus tierras, pues éstas violan sus derechos al territorio, al agua y a la consulta previa.

En sus demandas, reclaman al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Economía (SE) por haber expedido diversos artículos de la Ley Minera y haber otorgado concesiones mineras que abarcan a esas comunidades y que contravienen derechos humanos reconocidos constitucionalmente y por preceptos internacionales.

Por lo anterior, el Poder Judicial de la Federación las admitió y ordenó la suspensión de las concesiones, de tal modo que mientras duren los juicios de amparo, las compañías no podrán realizar actividades de explotación, hasta que se pruebe que consultaron a las comunidades afectadas.

La decisión del Poder Judicial ha sentado un precedente importante, pues la organización de estas comunidades obligaría al gobierno y a las empresas a informar de modo claro y veraz sobre el impacto y consecuencias que cada proyecto tendrá sobre la flora, fauna, el agua y los habitantes de los territorios que desea explorar.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Ley Minera actual posibilita la expedición de los títulos de concesión en favor de las compañías mineras y despoja de sus territorios a los pueblos, así que el triunfo obtenido en esta ocasión obliga a las mineras a garantizar que sus proyectos no afecten de ningún modo a las comunidades indígenas que habiten en las zonas que deseen explorar.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina destaca que más de 70% de los proyectos mineros en México pertenece a firmas canadienses, que ampliaron su presencia en el país luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Con información de sinembargo.mx, cemda.org.mx y contralinea.info

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