Los mexicanos estamos acostumbrados a leer y escuchar noticias sobre sobornos, fraudes y favoritismos.

Los mexicanos estamos acostumbrados a leer y escuchar noticias sobre sobornos, fraudes y favoritismos; no nos extraña que se manipule o distorsione información, ni nos sorprenden los engaños ni los cochupos. Hemos normalizado la corrupción. Y de este contexto el sector hídrico no está exento. En todas las áreas y a todos niveles se pueden apreciar irregularidades, opacidad y a los afectados demandando la compensación de los daños, la restauración de sus ecosistemas, y la implementación efectiva de las medidas de prevención y transparencia necesarias.

La corrupción puede evidenciarse en múltiples situaciones, quizá las más evidentes se ven en los grandes proyectos de infraestructura, como el socavón en el apenas inaugurado Paso Exprés de Cuernavaca. Pero por mencionar proyectos de mayor envergadura, un par de ejemplos: en Michoacán, la constructora Odebrecht entregó la presa “Francisco J. Múgica” con más de cuatro años de atraso y al doble de su costo original, además de estar incompleta y con deficiencias; en Jalisco el gobierno se ha empeñado durante decenios en continuar la construcción de El Zapotillo y un trasvase que encauzaría el agua a León, Guanajuato, para 2012 ya había por lo menos quince derechos humanos violados —y hasta ahora se han gastado más de 20 mil millones de pesos—.

Si bien las presas —particularmente las grandes presas— son proyectos altamente susceptibles de corrupción, no son —para nada— los únicos donde ocurre. En lo que respecta al sector industrial, es común que se consigan concesiones o permisos en zonas prohibidas o reservadas; o que se aprueben manifestaciones de impacto ambiental indebidamente. El derrame del río Sonora en 2014 ocurrió porque no se cumplió con las normas para la construcción y operación de las presas de jales —donde se depositan los desechos sólidos y líquidos—, y para establecer planes de manejo de residuos mineros, la multa que pagó es un porcentaje realmente mínimo de sus ingresos anuales, y recientemente se comprobó que aún hay contaminación por metales pesados en dos pozos utilizados por los vecinos.

La contaminación es otro tema donde la corrupción juega un papel de gran relevancia, en el sector industrial también son comunes los sobornos para encubrir el desecho de residuos, o se diluyen los contaminantes vertidos para “cumplir” con las normas, y proporcionar información falsa. Además de lo que respecta a la calidad, en el uso industrial la corrupción es bastante común; ésta generalmente implica un intercambio de recursos económicos o sociales, y el sector hídrico maneja elevados presupuestos. Mediante la corrupción es posible evitar, a cambio de una dádiva, una posible multa, suspensión o clausura de aprovechamientos, etcétera.

En Puebla, la empresa automotriz Audi abrió cinco pozos que habían sido clausurados en 1988, Volkswagen tiene acaparado 20 pozos de agua comunitarios para su producción; por otro lado la transnacional Almadens Mineral ya está contaminando el agua con su exploración en búsqueda de oro; allí, el Frente Indígena Campesino de México ha impulsado la Ley para Consulta a los Pueblos Indígenas, pero hasta el momento el gobierno se ha negado a entablar diálogo respecto al tema. Mediante la corrupción es posible perforar un pozo, obtener un permiso de construcción o la adquisición de nuevos derechos de aprovechamiento, todo de manera ilegal. Otro ejemplo: en Yucatán Grupo Modelo comenzó su producción de cerveza sin haber hecho los estudios correspondientes del acuífero, esto en una zona considerada de alta fragilidad a las perforaciones, además de considerar una cifra de recarga de los acuíferos de la península diferente a la publicada en el Diario Oficial de la Federación —¡más de 16 mil millones de metros cúbicos mayor!—, y por si fuera poco, el gobierno de Hunucmá —municipio donde está la planta— le otorgó incentivos fiscales de hasta el 90 por ciento.

Ahora, un clásico: la corrupción permite obtener contratos por obras o consultorías; el “diezmo” —el contratista otorga una dádiva, normalmente del 10 por ciento— más que una práctica común, parece obligatoria. Esto ocurre en las plantas potabilizadoras, las plantas de tratamiento de aguas residuales, los puntos de evaluación de calidad del agua, etcétera.

Entonces llegamos a la complicidad de los gobiernos, a sus propios actos y formas de corrupción. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México obtuvo una puntuación de 30, en una escala que va de 0 —el peor evaluado— a 100 —el mejor evaluado—, lo que hace del país el peor evaluado de los países miembros de la OCDE.

Este año se publicaron los resultados de la primera encuesta de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas (ENCRIGE): el 64.6 por ciento de las unidades económicas —término usado en la encuesta— considera que los actos de corrupción son para agilizar trámites, el 39.4 por ciento señala que son para evitar multas o sanciones y el 30.7 por ciento considera que son para obtener licencias o permisos; en la medida en que aumenta el tamaño de la unidad económica aumenta la corrupción, que se da en los tres niveles de gobierno. En los organismos encargados de la administración del agua la corrupción permite conseguir un puesto laboral sin los conocimientos técnicos o la experiencia necesaria; consentir usuarios clandestinos; la medición amañada de consumos y la simulación de usos.

Además de las dádivas, en México es común asignar puestos bajo la única consideración de la militancia del partido político ganador; la corrupción muchas veces implica pedir o devolver un favor político; quedar bien con alguna autoridad; o beneficiar un familiar, compadre o amigo. Por desgracia predominan también las descalificaciones y los conflictos por los intereses de grupos dentro y entre los partidos, de manera que la prioridad es obtener las posiciones deseadas: la problemática del agua queda “secuestrada por los intereses electorales”. De esta forma no se planea, ni se da continuidad a largo plazo a los proyectos de gestión.

Es difícil estimar las consecuencias de estos actos. A nivel global la corrupción puede aumentar en 20 y hasta en 40 por ciento los costos de construcción de infraestructura de abastecimiento de agua. Siguiendo este estimado, se puede inferir que si el presupuesto asignado a la Conagua este año es cercano a los 40 mil millones de pesos, podrían perderse entre 8 y 16 mil millones de pesos por corrupción. Y ciertamente la primera cifra es muy conservadora. Queda claro que el problema tiene proporciones alarmantes.

Continuemos esbozando el trabajo de la Conagua: en 2016, en 371 de los 653 acuíferos no se evaluó la calidad del agua; se vigilaron las extracciones del subsuelo del 1.7 por ciento de los 275 300 concesionarios registrados, y no se inspeccionaron las descargas de aguas residuales en 5 de cada 6 acuíferos; se implementaron dos de trece proyectos de recarga artificial; no se publicaron 99 decretos de veda y 234 reglamentos para la protección de 333 cuerpos hídricos; tampoco se consideró el establecimiento de declaratorias de rescate y reserva del recurso en los cuerpos que presentaron las condiciones para esto.

Prácticamente ningún ámbito de la gestión se libra de la corrupción, que ocurre en el diseño de políticas, la planeación, construcción y operación de las obras de captación, y el suministro, desalojo, tratamiento y disposición final de aguas residuales. ¿Usted sabía algo de esto? Tal vez uno de los aspectos más relevantes sobre este tema, es que no existen mecanismos adecuados de rendición de cuentas, de transparencia y de observancia ciudadana. Los ciudadanos no tenemos certeza del trabajo de la Conagua y de sus carencias. El Fideicomiso 1928 para apoyar al proyecto de Saneamiento del Valle de México, por ejemplo, con el que se financió la construcción de —entre otras obras— el Túnel Emisor Oriente; a pesar de tratarse de recursos públicos, su estructura interna, las minutas de sus reuniones y sus estados financieros no están disponibles, cuando el equipo de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía solicitaron acceso a la información sobre éste, les fue negada pues “se encuentra protegida por el secreto fiduciario”.

La Conagua administra los usos del agua mediante concesiones y permisos de descarga, mismos pueden ser consultados en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda). Sin embargo, del total de títulos de aprovechamiento, en el 8 por ciento —más de 39 mil— no se presenta información sobre el volumen concesionado; y el 7.3 por ciento de éste está geográficamente mal referenciado, las coordenadas del registro están fuera de los límites continentales del país. Además, la falta de monitoreo y verificación mantienen los registros desactualizados, en 2014 tres de cada diez litros que se extrajeron en zonas urbanas estaban clasificados como uso agrícola, por lo que tienen una tarifa preferencial. Del total de títulos de aprovechamiento en el Repda, el 97 por ciento no tiene medidor, y el 93 por ciento no ha sido verificado.

Los actos de corrupción no son atendidos, en una gran mayoría quedan impunes, permitiendo usuarios clandestinos, sobreconcesión, complicidad de la contaminación, etcétera. Dicho de otro modo: la corrupción está fuertemente asociada a la mala gestión del agua, que a su vez puede concatenar problemas en los suelos, la infraestructura hidráulica, y la disponibilidad y calidad del agua.

Esto tiene que cambiar, las redes de corrupción entre empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas a profundidad. El Sistema Nacional Anticorrupción no ha sido suficiente; los cambios institucionales no lo son. Esto es un tema que debe ser cuidadosamente analizado en las discusiones de la próxima ley de aguas. Y al respecto, la propuesta ciudadana contrasta con la propuesta de la Conagua, precisamente porque a diferencia de ésta, plantea una co-gestión, donde la ciudadanía, a través de una nueva autoridad —el Consejo Nacional de Cuencas—, tomaría las decisiones, mientras la Conagua fungiría sólo como ejecutora de éstas.

La corrupción privilegia a unos cuantos; significa la protección a los poderosos, fomenta un sistema en donde sólo estos son beneficiados, alentando el descontento social, la impunidad y la injusticia. Los ciudadanos no debemos permitir ni un acto más en donde los corruptos queden impunes. Está en nuestras manos.

Referencias

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Domínguez-Serrano, J. 2016. La propuesta de la Ley General de Aguas en México: Dos visiones diferentes: la de la autoridad y la de sociedad organizada. Ponencia. El Colegio de México. Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales.

Flores, S.A. 2017. ¿De qué magnitud es la ineficiencia para consolidar una política hídrica? El Heraldo (08/09/2017).

INEGI. 2017. Por vez primera realizan encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas (ENCRIGE). Boletín de prensa Núm. 278/17. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Llano, M. 2017. Opacidad y desigualdad en el uso de agua: Hidrocarburos y minería. CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil.

Noria, G. 2017. Agua, transparencia y rendición de cuentas. Ponencia presentada en el “Foro Gestión Integral del Agua en México”. Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental.

Ortiz-Rendón, G.A. 2011. Algunos apuntes sobre la corrupción en el sector agua. Consultado en Agua.org.mx.

PNUD. 2011. citado en UNODOC. 2014. La corrupción y el medio ambiente. Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.

Transparencia Mexicana. 2017. Reformas legislativas no logran frenar caída en el Índice de Percepción de la Corrupción: Transparencia Mexicana. Transparency International (24/01/2017).

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