El 6 agosto de 2014, una mina filial del Grupo México, derramó 40 millones de litros de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora; aún no hay pago por los daños causados.

Uno de los desastres ecológicos más sonados del sexenio que está por terminar, es el derrame de metales tóxicos al Río Bacanuchi y Sonora en agosto de 2014. Hace 4 años sucedió y la mayoría de las promesas para reparar el daño ambiental, ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, filian del Grupo México, no se han cumplido.

El grupo Acciones Colectivas de Sinaloa y el despacho Pérez de Acha Ibarra de Rueda, informaron en un comunicado de prensa, que el pasado 13 de julio un tribunal federal ordenó la reanudación de la acción colectiva contra Grupo México, propiedad de Germán Larrea.

El juicio tiene tres objetivos principales: recabar todas las pruebas en manos de la empresa acusada; exhibir los documentos que acreditan la magnitud de los daños y que están en manos de autoridades ambientales; y dictar una condena a la minera, para que indemnice a los 22 mil afectados por el derrame que causó.

El 6 de agosto de 2014 una de las piletas de almacenamiento de metales pesados de Buenavista del Cobre se fracturó, ocasionando que un río de contaminantes corriera a lo largo de 17 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora. El ácido sulfúrico atravesó 7 municipios y llegó hasta la presa de El Molinito, en la zona rural de la capital del estado, Hermosillo.

Las 38 comunidades afectadas por esta fuga, conocieron las consecuencias rápidamente y de primera mano. Su población pronto sufrió problemas de salud cardiovasculares, oculares, renales, respiratorios, digestivos y cutáneos. Actualmente hay 300 pacientes en seguimiento médico y se cree que la exposición prolongada al arsénico podría provocar casos de cáncer.

Ante la presión mediática de aquel momento, el 11 de septiembre de 2014, Grupo México creó el Fideicomiso Río Sonora (cerrado en febrero de 2017, con el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto, que no informó cómo se utilizaron los 2 mil millones de pesos otorgados por la minera), con el fin de reparar los daños causados por el accidente y evitar consecuencias negativas en el futuro.

La empresa de Germán Larrea prometió la construcción de 36 plantas potabilizadoras de agua, pero solo hay 5 en funcionamiento: Arizpe, Baviácora, Ures y dos móviles; la reubicación de pozos de extracción de agua y una clínica de salud especializada en intoxicaciones por metales pesados, ambos proyectos no se hicieron.

También se comprometió a indemnizar a los agricultores, sin embargo el monto fue mucho menor al justo por la pérdida de salud y patrimonio. Y según información de El Universal, se hizo un pago a algunos de los afectados, aunque estos fueron inequitativos, pues se les entregaron a políticos o grandes productores.

La nueva demanda acusa directamente al gobierno federal y al de Sonora por corrupción y encubrimiento. “El comité técnico del fideicomiso estuvo presidido por Rodolfo Lacy, Subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que el gobierno federal es corresponsable de este cierre y de la falta de transparencia respecto al destino de estos recursos”, y añadió que, “el gobierno federal se rehúsa a exhibir las pruebas que demuestren que el dinero del fideicomiso se utilizó correctamente”.

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